Los estudios sobre la misión de crecimiento verde del DNP (diagnóstico final diciembre 2017) muestran que 459 municipios de Colombia (42% del total), tenían coberturas de acueducto menores del 50% en el área urbana y rural.
La mayoría corresponden a las categorías de municipios 5 y especialmente 6; precisamente con menores ingresos corrientes de libre destinación anuales y menos de 2.500 suscriptores. El 82% de la población nucleada y rural (9,2 millones) se encuentra en dichas categorías. (Dane. Doc. Conpes 3810. 2014)
Estos municipios requieren la intervención del Estado para superar los riesgos latentes de salud pública por enfermedades de origen hídrico, con tasas de mortalidad infantil superiores a 30 defunciones de menores de un año por cada 1000 nacidos vivos (Dane 2016), más del doble a la tasa promedio nacional (16,8).
En los países desarrollados las tasas son menores a 5,0. Según el BID (Estudio de pobreza y desigualdad 2016) el 68% de los colombianos ganan menos de 1 millón de pesos.
El 40% gana menos de un salario mínimo (ENPH-2016 – 2018. Dane). En la mayoría de estos municipios predominan, especialmente, los estratos socioeconómicos 1,2 y 3 (Clasificación de viviendas y/o predios) que albergan a los usuarios con menores recursos.
Colombia lleva décadas promoviendo la política pública de acueductos regionales con avances limitados por la baja capacidad de pago de los usuarios, problemas políticos y falta de transparencia, entre otros aspectos; las expectativas son aún más desalentadoras para las poblaciones nucleadas y rurales.
La Banca Multilateral (BM, BID) debería apoyar el desarrollo de proyectos piloto, en las zonas más necesitadas de Colombia, a través de una alianza entre las universidades, el sector público y privado y las comunidades (APPC).
El desafío es impulsar soluciones coherentes de economía solidaria, y no de lucro, que respondan a la realidad de estos municipios mediante el fortalecimiento de las comunidades organizadas (Art. 15 ley 142 de 1994. Empresas sociales, cooperativas, precooperativas entre otras) para la prestación de este servicio y el cuidado de sus fuentes hídricas.
La legislación permite que estas comunidades organizadas puedan prestar los servicios de agua potable y saneamiento básico en los municipios menores de categoría 6 (Decreto 421 de 2000 y lo señalado por CC en la Sentencia C-741 de 2003). Chile cuenta con casos exitosos, mediante cooperativas, que prestan estos servicios en las zonas nucleadas y rurales.
Los proyectos deben estar orientados a determinar las medidas regulatorias y las acciones del Estado, evitando el asistencialismo, con soluciones estructurales para viabilizar la prestación del servicio con la estructuración de los proyectos , el apoyo técnico, tecnologías adecuadas y créditos de fomento, bajo la condición de que las comunidades se apropien de las soluciones, la tecnología y de la gestión de los aspectos ambientales para el cuidado de las fuentes hídricas, para su sostenibilidad.
Veamos algunas consideraciones que podrían hacer viables y sostenible la prestación de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios menores y rurales:
–Algunas de las regulaciones, que adelanta la Comisión Reguladora de Agua Potable y saneamiento Básico-CRA, son pertinentes, como la aplicación de tarifas diferenciales con relación a la calidad de servicio prestado.
–Para estos acueductos son relevantes los subsidios a la oferta y a la demanda en las inversiones. Esto depende de la voluntad política del gobierno. Se requiere, en forma prioritaria, la adopción predial y catastral, de estos municipios, para obtener la certificación de la estratificación socioeconómica y poder aplicar los subsidios a la demanda en los servicios públicos domiciliarios (artículo 101.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 4 de la Ley 732 de 2002). Esta está asociada con la legalización de tierras. El reto para el IGAC es inmenso.
–El gobierno debe garantizar las coberturas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), con el fin de aprovechar los beneficios de la economía digital como la reducción de costos de transacción y las economías de escala en los mercados para el suministro de bienes y servicios: equipos y materiales, ensayos de laboratorio de calidad de agua; así como la asistencia de los operadores especializados para capacitar y fortalecer la parte técnica, operacional, comercial y administrativa a las comunidades organizadas.
Igualmente, con la “economía colaborativa” para intercambiar: el uso de equipos, vehículos, laboratorios, servicios especializados, y experiencias exitosas entre las comunidades; el modelo está centrado en la colaboración mutua.
–El proyecto piloto debe partir de los intercambios (acuerdos, compromisos y transacciones) de las redes técnico-económicas (Redes tecno-económicas e irreversibilidad.
Redes junio de 2001. Michel Callón) formadas por los actores relevantes (APPC), con aprendizajes mutuos, para la convergencia de las soluciones, mediante el análisis crítico e interdisciplinar de la ciencia y la tecnología en el contexto social (CTS. ciencia, tecnología y sociedad: una aproximación conceptual. Iberciencia.OEI. 2013) para transformar desde las comunidades la apropiación y sostenibilidad de las soluciones de este servicio, con la innovación social transformativa que genere capital social, además de los criterios económicos.
El gobierno debe asumir este reto con la responsabilidad de garantizar y facilitar la prestación de estos servicios básicos de agua potable y alcantarillado, a través del fortalecimiento de las comunidades organizadas y el apoyo de todos los sectores, para mejorar la salud pública y el bienestar de los municipios, menores y rurales, olvidados de nuestro país.
Jaime Salamanca León
Exdirector CRA.
Jaisalamanca@hotmail.com
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